La jueza del segundo circuito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que Argentina entregue la información de WhatsApp y correos electrónicos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.

"Juez Preska ordena a la Rep. Argentina entregar el contenido de los WhatsApp's de funcionarios y exfuncionarios como el ministro Luis Caputo y el y el exministro Sergio Massa, entre otros. La orden también incluye servicios de correo electrónico. Esto en el contexto de discovery de activos soberanos a embargar. Fija nueva audiencia para el 6 de agosto", informó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril.

Fuentas allegadas al caso explicaron a El Cronista que los fondos Burford Capital y Eton Park solicitaron que se les entregue la información de las comunicaciones de los dos últimos titulares del Palacio de Hacienda, y otros funcionarios, siempre que estuvieran referidas a este tema.

Uno de los objetivos que persigue este pedido de información es, según explicaron los allegados, conocer si Argentina tuvo vocación de cooperar en el proceso judicial. Esto es algo que Preska ha criticado de Argentina y que los fondos le señalaron al FMI.

El próximo 6 de agosto tendrán un nuevo encuentro para determinar, entre otras cosas, las palabras clave que deberán estar incluidas en la información que se deberán presentar.

La jueza además ordenó que se incluya información de otros organismos: el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, ENARSA e YPF.

El objetivo de este pedido es determinar si los organismos oficiaron como alter ego del Estado, es decir, que "son lo mismo". Una vez determinado eso, se podrá definir los activos con los que cuentan los organismos para, eventualmente, solicitar su transferencia o embargo.

Es que, por ahora, la sentencia pesa sobre el Estado y no sobre la petrolera, por lo que pidió que Argentina entregue sus acciones de la empresa. Sin embargo, Burford apeló la decisión de Preska de excluir a la compañía de la disputa.

Con este mecanismo, los fondos aspiran a cobrar parte de la sentencia de u$s 16.000 millones que Preska ordenó que Argentina pague a los fondos.

La defensa argentina, coordinada por la Procuración del Tesoro, sostuvo que la orden de Preska viola las leyes de Estados Unidos y de Argentina, vulnera la soberanía y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables.

Además, la defensa sostiene que ya ha brindado información en el discovery anterior y que ha cooperado en el proceso, "entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos los relativos a sus cuentas financieras".

"Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar "arrojar arena en los engranajes" de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía.", arrojaron desde la procuración.

Además, agregaron que la República evalúa "las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa".

La mención de los organismos resucita distintas complejidades que atravesó el caso.

Por un lado, no es la primera vez que se pide información sobre el Banco Central en los litigios de Argentina. El fondo Bainbridge, que había litigado por unos bonos de deuda en default, había solicitado información sobre el paradero de las reservas de oro que Argentina había sacado del país el año pasado. Preska había ordenado en enero de este año que Argentina entregue información sobre el paradero del oro.

Cabe recordar que Bainbridge también pidió que se le entregue parte de las acciones de YPF para cubrir la sentencia favorable que tiene por casi u$s 100 millones.

Además, cabe recordar que fue el mentor de Preska, el fallecido juez Thomas Griesa, quien había decidido embargar una cuenta de giro del Banco Central de la República Argentina en los Estados Unidos a pedido de los fondos Elliot, Aurelius y DK Partners por un juicio de bonos en default. Así, sentó un precedente sobre el embargo de las reservas de un Estado soberano. Más tarde en el mes, liberó los fondos tras una audiencia de las partes.

En el caso de Aerolíneas Argentinas se superpone la discusión por las privatizaciones. La empresa no fue incluida en el listado final que aprobó el Congreso sobre las empresas que serían sujetas a una privatización, a pesar de que el Poder Ejecutivo la había incluido en una primera instancia.

Los fondos ya habían insistido en que Argentina entregue información sobre esos organismos. El argumento es que es el Ejecutivo el que tiene las riendas sobre los mismos. En su momento habían presentado como evidencia una publicación en X de Caputo en la que contaba que el presidente Javier Milei había solicitado el cierre de sucursales del Banco Nación.

Por lo pronto, el 6 de agosto tendrán un nuevo encuentro para definir las palabras claves y otros aspectos para avanzar en el pedido de información.

En otro carril, la Cámara de Apelaciones definirá el 5 de agosto si acepta el reclamo de la ONG Acción Republicana por Argentina (RA4ARG) en la que pide que se revise la causa dado que, indica, la expropiación estuvo atravesada por hechos de corrupción.

Además, el 27 de octubre, luego de las elecciones nacionales, la Cámara de Apelaciones también deberá definir sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si la sentencia impuesta por Preska de u$s 16.000 millones es correcta.

También definirá si la empresa vuelve a ser incluida dentro del litigio, o no.

Mientras tanto, y sin fecha de conclusión, la instancia superior deberá decidir si sostiene o no la suspensión temporal que le otorgó a Argentina sobre la entrega de las acciones de YPF. La Cámara de Apelaciones otorgó un stay temporal que permite que Argentina, mientras apela la orden de Preska de transferir las acciones, pueda retenerlas.

Esa suspensión es, por ahora, temporal y puede levantarse fácilmente. El país pide que mientras apela la decisión se mantenga la suspension ya que, de enviarlas, puede generar un perjuicio a la compañía ya que los fondos manifestaron que no quieren quedarse con las acciones.